Dead men walking (publicado en octubre de 2008)

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En la actualidad existen 57 mexicanos sentenciados a muerte en EU. Todos ellos llegaron a ese país como parte del gran éxodo incitado por la desesperación y la miseria que trazan un panorama por demás desfavorable en sus vidas. Pero más allá de una mera cuestión de sentimentalismo nacionalista, llama la atención el apoyo que el gobierno mexicano brinda a los ciudadanos que viven fuera del territorio nacional y el hecho irrefutable de que en la mayoría de los casos el sistema legal estadounidense desfavorece a los inmigrantes ilegales. En marzo de 2004 el Tribunal de la Haya concluyó que Estados Unidos había violado los derechos de 51 mexicanos sentenciados a muerte. La Corte Penal Internacional descubrió que los prisioneros no habían sido notificados sobre sus derechos consulares.

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De 1976 a la fecha ya son 3 mil 300 prisioneros sentenciados a muerte en Estados Unidos. Más de mil 100 han sido ejecutados (las estadísticas datan de 1976 debido a un breve período cuando la pena de muerte fue suspendida en EU después de que el caso Furman vs Georgia*, en junio de 1972, pusiera en evidencia la arbitrariedad y los vacíos legales que existían en algunos estatutos específicos de la pena de muerte. La Suprema Corte decidió que la pena capital era inconstitucional. Los legisladores tardaron cuatro años en ajustar estas imperfecciones inconstitucionales para lograr reinstaurar la pena de muerte). Estados Unidos —o al menos 36 de sus 50 estados— forma parte de un exclusivo club integrado por 60 países que siguen manteniéndose a favor de la pena de muerte. Según informes de Amnistía Internacional China, Irán, Arabia Saudí, Pakistán y Estados Unidos fueron los responsables de 88 por ciernto de las ejecuciones en el mundo durante 2007. En 2007, las 42 ejecuciones llevadas a cabo en prisiones estadounidenses posicionaron al país en el quinto lugar mundial después de China (470+), Irán (317+), Arabia Saudita (143+) y Pakistán (135+).
Excepto en el caso de Estados Unidos, se estima que las cifras reales son bastante más abultadas. Si bien los números de la “competencia” son considerablemente mayores y su margen de tolerancia mucho más estrecho, también es cierto que ninguno de estos países presume ser modelo a seguir por su espíritu liberal y democrático. Lo que aquí reluce es la hipocresía: no se puede ser a la vez libertario y fundamentalista.
En 1995, Hart Research Associates condujo una encuesta entre los jefes de policía de Estados Unidos para detectar cuáles eran los métodos que a su parecer podrían reducir la incidencia de los crímenes más violentos. Los resultados posicionaron la pena de muerte en el último lugar, con apenas uno por ciento de efectividad. A pesar de estos estudios, 65 por ciento de los estadounidenses votaron a favor de la pena capital. Así lo muestra una encuesta realizada por Gallup Poll en mayo de 2006.

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Todos los estados que aprueban la pena de muerte en EU están obligados a ofrecerle defensa al acusado. El caso Wiggins contra Smith**, concluido en 2003, fue sumamente importante para las futuras estrategias de defensa ya que obligó al Estado a especificar cómo debía llevarse a cabo la “asistencia efectiva” en los casos capitales. A partir de ese momento el Estado se vio forzado a invertir los recursos suficientes para poder efectuar una investigación exhaustiva del entorno del acusado que pudiera permitirle ser declarado jurídicamente inviable de recibir la pena de muerte, abriéndole paso a los especialistas mitigantes encargados de llevar a cabo esa investigación. Aquí es donde entra a cuadro la abogada Yuriria Marván Santin, especialista originaria del Distrito Federal.
La trayectoria que condujo a Yuriria a su profesión actual comenzó en 2003, cuando fue contratada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRA) para trabajar en el área de la Dirección General de Protecciones y Asuntos Consulares en una subdirección de Asuntos Especiales, dedicada a la coordinación del Programa de asistencia legal para mexicanos que enfrentan procesos capitales en EU. “La gente que trabaja en la SRE merece todos mis respetos por su incansable labor, por cómo se parten el alma para lograr brindarle el mejor apoyo posible a los mexicanos sentenciados en EU”, asegura Marván. En 2004, la SRA promovió a Yuriria a San Francisco, al área de protección y asistencia consular en los casos de pena capital en California. Durante el año que vivió allá tomó un curso en Derecho Penal en la Universidad de San Francisco y otro en Berkeley sobre Pena de Muerte.
“Una parte de mi trabajo consistía en ofrecer apoyo consular a los connacionales sentenciados a muerte en la prisión de San Quentin —la prisión más antigua de California.” El porcentaje más alto de mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos está en California –36 mexicanos de un total de 57–, aunque el mayor índice de ejecuciones se registre en Texas. “Una vez que regresé a México me di cuenta de que no había nadie en el país dedicado a la investigación de los casos. En otras palabras, no existían especialistas mitigantes”, afirma Marván.

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“Cada vez que voy a prisión a conocer y a entrevistar a un convicto es una experiencia completamente nueva. Me he encontrado con personalidades de todo tipo. He entrevistado a personas —por instrucciones legales se nos ha prohibido mencionar los nombres de los convictos y los casos en cuestión— agradables con un humor agudo, de gran ingenio. Tan es así que a veces da la impresión de que si quitaran el vidrio de por medio lo nuestro podría ser confundido con una charla de cafetería. Hay quienes a pesar de las circunstancias me hacen reír la mitad de las entrevistas —confiesa, sonriente. Por supuesto que yo no sé si reír o llorar porque no deja de ser dramático. Por otra parte también me he encontrado con personas que sufren de evidentes trastornos mentales, y parte de nuestra defensa consiste en comprobar la enfermedad mental de nuestros clientes —señala Yuriria.
“Por lo general todas las pláticas son fuertes aunque sean aparentemente superficiales —asegura—, por el simple hecho de estar frente a un ser humano que se encuentra entre la vida y la muerte. Hay quienes pierden la esperanza y me confiesan que el porvenir les tiene sin cuidado. También te encuentras con lo opuesto, con aquellos que aseguran ser inocentes y que pase lo que pase ellos van a hacer todo lo posible para sobrevivir. De hecho, la mayoría de la gente dice que es inocente. Mi obligación como especialista mitigante es llegar a conocer a fondo a la persona que está detrás del acusado, y para lograr esto tengo que hacer que se identifiquen conmigo, mis clientes necesitan sentir que hay algo que nos une: ya sea la nacionalidad, la religión, el origen, etcétera. Para poder entenderlos tengo que investigar minuciosamente tanto su entorno como su pasado. Todo esto con el fin de transmitir esta información ante un juez y un jurado para lograr describir y construir la imagen del acusado como la de un ser humano, para que se deshagan de la idea de que quien está frente a ellos es un monstruo y que lo vean como una persona, con sus virtudes y defectos. Tratamos de explicar la gran complejidad que conforma la naturaleza humana”.

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Yuriria Marván trabaja de manera privada y es contratada directamente por los abogados que, en los juicios capitales, tienen la obligación constitucional de formar un equipo compuesto por un investigador y un especialista mitigante con presupuesto del Estado.
“Mi trabajo consiste en la recaudación de toda la información posible incluso desde antes del embarazo de la madre, recolectando datos sobre los familiares para ver cuestiones genéticas y biológicas. Investigo cómo fue el embarazo, el parto, si hubo golpes durante el embarazo, cuáles fueron las circunstancias del parto, qué enfermedades tuvo de recién nacido, quién lo cuidó, a qué escuelas fue, si tenía hermanos, etcétera. En fin, la idea es llegar a conocer a alguien a profundidad para poder narrar su historia desde antes de ser concebido hasta el momento de su arresto”.
Marván ha estado a cargo de alrededor de quince casos. Hasta la fecha su récord es impecable: todos han concluido exitosamente. “Mi función en la corte es la de un testigo especialista. Tengo que explicar en qué consistió la investigación, cuál fue mi experiencia desde las entrevistas con la gente del pueblo de origen del acusado hasta aquellos que lo conocían en Estados Unidos. La parte más importante de mi trabajo es lograr formular una estrategia junto con los abogados, con base en la información que voy encontrando. Nos reunimos con frecuencia para decidir cuáles serán los pasos a seguir para una presentación persuasiva de la historia de cada caso”, explica Yuriria.
“En términos prácticos no considero que la pena de muerte sea útil. Según señalan las estadísticas y los expertos, la criminalidad no disminuye en los estados en donde se aprueba esta sentencia. Un individuo que comete un crimen de semejante magnitud lo va a cometer independientemente de las consecuencias. Desde un punto de vista filosófico, yo considero que no hay una justificación para matar a alguien, ni en las calles ni a través del Estado. Creo que estar en contra de la pena capital funciona como una enseñanza de vida para la misma sociedad”, concluye.
Independientemente de las discusiones sobre las distintas posturas que pueda tener una sociedad frente a la pena capital, es cuestionable que la vida de un individuo se vea afectada debido a su estatus legal, su condición socioeconómica o su “incompatibilidad” biogenética y cultural. La justicia es un concepto demasiado caprichoso como para ser tangible, su distribución es terriblemente dispareja y no se necesita ser chino, iraní, saudí, pakistaní o estadounidense para caminar acompañado de esa desazón.

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*El caso Furman contra Georgia: Furman fue sorprendido mientras robaba una casa. En su intento por escapar se tropezó y cayó al piso. Debido al impacto, el arma que portaba disparó y mató a uno de los residentes. Furman fue enjuiciado y sentenciado a muerte. La Suprema Corte concluyó que la imposición de la pena de muerte en estos casos representaba un “castigo cruel e inusual y una violación a la Constitución”

**El caso Wiggins contra Smith: después de ser sentenciado a muerte, Wiggins apeló argumentando que el que su abogado defensor decidiera obviar su turbulenta infancia dio como resultado una defensa ineficiente y una sentencia sumamente severa. Después de una revisión minuciosa, la Suprema Corte de Estados Unidos concluyó que la actuación del abogado de Wiggins violó sus derechos según la Sexta Enmienda, que garantiza una asistencia efectiva por parte de la consulta legal. “Si el jurado lograra poner la terrible historia de vida de Wiggins sobre el lado mitigante de la balanza, existe una probabilidad razonable de que al menos uno de los jurados modificara el equilibrio.”, escribió en sus conclusiones Sandra Day O’Connor, jueza de La Suprema Corte.

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