Tortura (“Para hacer un omelette hay que romper unos cuantos huevos”)

Una vez disipado el humo, el nacionalismo atroz y las consignas de guerra, quedaron al desnudo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Sumando las bajas de los campos de batalla, las muertes de los civiles y las víctimas de la despiadada limpieza étnica ordenada durante el Tercer Reich, cerca de 60 millones de personas perdieron la vida entre 1939 y 1945.
Más allá del ejercicio estadístico, el impacto que esta guerra tuvo sobre la conciencia colectiva respondió al nuevo potencial destructivo alcanzado por el hombre. Nunca antes fue más evidente que la mayor amenaza para el ser humano era él mismo. Así, el 24 de octubre de 1945 los Aliados engendraron a las Naciones Unidas y el 10 de diciembre de 1948, su Asamblea General publicó un documento que debía convertirse en el manual conductivo de todas las naciones: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
A la fecha nos hemos encargado de violar cada uno de los 30 artículos del documento. Más precisamente, el quinto: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Paradójicamente, Estados Unidos, “La tierra de los libres”, ha tomado el 11 de Septiembre y el lema de la Guerra Contra el Terrorismo y la Seguridad Nacional como una carta blanca para emplear “cualquier medio necesario” en la recaudación de inteligencia. Según un reportaje publicado en The New York Times en julio de 2008, los métodos de tortura utilizados por la CIA con los “presos secretos” y los prisioneros de Guantánamo son los mismos que los aplicados por los chinos para obtener confesiones de los prisioneros de guerra estadounidenses durante la guerra de Corea; entre otras, la privación del sueño, la prolongación de posiciones incómodas, la exposición a temperaturas extremas, el aislamiento y las amenazas. El gobierno de Bush no sólo comparte el discurso maniqueísta de la Santa Inquisición sino que también se ha inspirado en algunas de sus técnicas, como la “asfixia simulada” o el waterboarding (derramar agua sobre la cabeza del prisionero hasta causar la sensación de ahogo) para emplearlas en Guantánamo. El mandatario saliente de EU justificó abiertamente el uso de este método medieval argumentando que gracias a éste se había logrado salvar muchas vidas. Como dijera Lenin: “Para hacer un omelette hay que romper unos cuantos huevos”.
De este lado de la frontera también se hacen omelettes. En marzo de 2005, Vicente Fox mentía abiertamente ante la audiencia de la ceremonia de “incorporación del Estado mexicano al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas” cuando aseguraba que en los últimos dos años se había hecho “una sola denuncia de tortura, la cual fue debidamente resuelta y quedó totalmente aclarada la inexistencia de ese señalamiento”. Por alguna razón Fox no reparó en las denuncias que los manifestantes altermundistas tapatíos presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en mayo de 2004. En agosto de ese mismo año, el ombudsman nacional y presidente de la CNDH (José Luis Soberanes) hizo público un informe en el que se denunciaba a las autoridades de procuración de justicia y seguridad pública de Jalisco por 78 retenciones ilegales, 70 casos documentados de tratos crueles y degradantes, 70 de incomunicación y seis casos de tortura contra los manifestantes durante la III Cumbre América Latina y El Caribe. Sobra mencionar que los funcionarios en cuestión nunca fueron llevados a juicio.
Los eventos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006 son un ejemplo más. Según Amnistía Internacional: “Todas las 47 mujeres detenidas, como casi el total de las 207 personas detenidas sufrieron tortura u otras formas de maltrato. Sin embargo, los casos más graves son los de las 26 mujeres que presentaron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por actos de violencia sexual, incluso violación y otras formas de agresión sexual y violencia, durante su traslado a la cárcel de Santiaguito a manos de los policías estatales. En el reclusorio inicialmente les fue negado el acceso a un tratamiento médico adecuado y la posibilidad de denunciar lo ocurrido. A pesar de evidencia médica que apoya las declaraciones de las mujeres y los testimonios de otros testigos, la investigación llevada a cabo por las autoridades estatales sólo resultó en cargos contra 21 policías. Los tribunales ya han exonerado a 15 de ellos. Sólo seis policías siguen procesados, cinco por abuso de autoridad y uno por actos libidinosos. Estos cargos menores no reflejan la gravedad de los actos de tortura cometidos ni el número de policías y oficiales involucrados directamente, o por negligencia, en estos crímenes.

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La gran cobertura mediática que recibieron estos eventos parece posicionarlos como ejemplos excepcionales, pero la realidad es que la tortura en México se manifiesta de manera frecuente: el sistema jurídico mexicano admite las confesiones bajo tortura como evidencia. Así, ¿qué incentivo puede tener un funcionario público para llevar a cabo una investigación exhaustiva?
De diciembre de 2006 a mayo de 2008 la CNDH recibió más de 250 quejas de maltrato, amenazas e intimidaciones por parte de las autoridades. La Organización de Derechos Humanos señala a los agentes de la Procuraduría General de la República, agentes judiciales de las procuradurías estatales y de la AFI, así como las Autoridades Municipales, los militares y miembros de la Secretaría de Seguridad Pública como los principales agresores en nuestro país. Todos ellos se han dedicado a la tarea de perfeccionar sus métodos para no dejar huella en las víctimas. Entre las técnicas más frecuentes destacan las amenazas, los golpes, los famosos “tehuacanazos”, las humillaciones, las privaciones de necesidades fisiológicas básicas, las asfixias con bolsas de plástico, las posiciones forzadas y la tortura sexual (en el 33 por ciento de las mujeres, según la ODH). “Aquí no están dañando al alcalde, están generando una mala imagen en la ciudad. A mí me vale Wilson lo que digan de mí. Duermo muy bien”, aseguraba en un tono desafiante el alcalde panista Vicente Guerrero Reynoso en respuesta a las críticas recibidas después de los videos que salieron al aire en julio de 2008, en los que se ve cómo agentes del Grupo Especial Táctico (GET) de la Policía Municipal de León, Guanajuato, son entrenados por dos instructores extranjeros en métodos de tortura. Esa misma semana, también en León, se vio a policías utilizando la parte trasera de su camioneta como un cuadrilátero de lucha libre para golpear a un detenido mientras soltaban risitas nerviosas.
El gobierno de Felipe Calderón reconoció durante marzo de 2007 ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) la recurrencia de la tortura en México. Cabe destacar que la gran mayoría de las denuncias van dirigidas en contra de militares. El mandatario mexicano se ha encargado de fortalecer y multiplicar la presencia de este organismo a lo largo de la República a causa de la guerra contra los cárteles del narcotráfico mexicano. Parece un tanto desatinado denunciar y alimentar el mismo fenómeno a la vez. Lo cierto es que siempre y cuando estos crímenes florezcan bajo la cómoda indiferencia institucional, la tortura seguirá siendo parte de nuestro bagaje político. “El gran problema es la impunidad, cuando se puede recurrir a estas prácticas sin riesgo y sin temor a una investigación seria”, decía Theo van Boven (quien formó parte de la ONU como relator especial de la tortura) a propósito del informe que entregó en 2004 sobre los casos de tortura en España, principalmente contra miembros de la ETA. “Si la investigación es llevada a cabo por el mismo organismo que ha violentado los derechos humanos, no basta. Es necesaria siempre una instancia independiente para hacer la investigación […] Las autoridades españolas han rechazado o ignorado todo mi informe, incluidas, claro, sus conclusiones y las recomendaciones”, agregó.
Al igual que las conclusiones de Van Boven, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es, en la práctica, ampliamente despreciada por la comunidad internacional. Y es que ¿cómo combatir con palabras un fenómeno que ve en el sufrimiento la única forma posible de diálogo?

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